Editor
En estos días se ha hablado de la fugaz, la califico así por lo poco que tardó en matizarla y casi desmentirla, idea del Ministro de Seguridad Social de llevar la jubilación a los 75 años. Lo traigo a colación por esa contradicción, una de tantas, con las que se desayunan los políticos, como si el ciudadano fuese todo menos ciudadano.
Mire Señor Ministro, en vez de amenazar con un futuro en el que sólo los privilegiados que puedan superar los 75 años lleguen a cobrar pensión, deje usted que los funcionarios, que así lo deseen, sigan trabajando después de cumplir los 65 años. Esta profesión mayoritariamente trabaja en el sector privado, pero por eso no me voy a olvidar de los que tienen un puesto en la pública y son obligados a abandonar su puesto al cumplir los 65 años, como ocurre con los funcionarios de su ministerio, tan falto actualmente de personal para atender a los ciudadanos, a los que se supone sirve la administración pública.
Es incomprensible que mientras hablan de retrasar cada vez más la edad de jubilación, las administraciones públicas, impidan salvo excepciones, con cierta sensación de arbitrariedad, continuar en el servicio público a profesionales que están en condiciones de seguir trabajando tanto en el campo asistencial como en el docente, en un momento en que especialmente estos últimos, es cuando más pueden aportar intelectualmente.
También ha sido noticia las declaraciones de una Señora Ministra, hablando de “regular la objeción de conciencia” de los médicos. Si hay algo realmente íntimo es la conciencia y hasta eso quieren regular, la invasión de la intimidad no podía llegar más lejos.
Me sorprende que los mismos que defienden la libertad de los ciudadanos para no vacunarse, en esta más que trágica pandemia, pretendan regular la conciencia de los profesionales.
Mientras leemos en los medios de comunicación cómo se producen infecciones en residencias de ancianos, con trabajadores que se negaron a vacunarse como trasmisores, el problema es la conciencia de los médicos.
No menciono el motivo escogido para empezar a regular conciencias porque ese no es el debate en este momento, el debate es la regulación de la conciencia, el imponer criterios políticos e ideológicos a la actuación profesional.
Empezaron definiendo un catálogo de prestaciones, necesario no lo discuto, pero sí su desarrollo, porque de ahí se ha pasado a decidir sobre la actuación de los profesionales, ya no es que usted paciente tenga derecho a este tipo de asistencia, es que este tipo de tratamiento es el único al que puede optar y su médico ya no puede proponerle otro.
Gestionaron el peor momento de la pandemia, ya lo he dicho en otras ocasiones, como si de un problema de “orden público” se tratase y no de un problema de “salud pública” que es lo que era.
Y seguimos en lo mismo, pronto dejarán de fluorar las aguas en el País Vasco, por poner un ejemplo, ya lo explica el Profesor Aguirre en el siguiente artículo de este número, y la opinión de los profesionales ni cuenta ni ha contado.
