Editor Odontólogos de hoy
Cuando es la Administración del Estado, directamente o por medio de sus organismos autónomos, la que contribuye a la mercantilización de las profesiones sanitarias, nos tenemos que preocupar seriamente por la deriva que esto conlleva.
El Real Decreto 435/2024, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, recoge que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emita un informe preceptivo, no vinculante, sobre las propuestas de nuevos códigos deontológicos o modificaciones de éstos, obligando a los colegios a motivar cualquier desacuerdo con las observaciones de la CNMC.
Que quien se encarga de controlar la competencia al más puro estilo mercantilista, entre a tutelar la deontología profesional, se nos antoja como poco un gran disparate.
Ya en más de una ocasión nos hemos visto sorprendidos por decisiones que, afortunadamente fueron corregidas por los tribunales, demostrando la falta de sensibilidad de estas instituciones hacia los problemas de salud.
La excusa de la trasposición de directivas comunitarias a la hora de elaborar estas normas, como si fuese algo ajeno no nos convence, en Europa están los mismos partidos que en Madrid y les votamos los mismos ciudadanos.
Las normas deontológicas son una función esencial de los colegios para garantizar el correcto ejercicio profesional y la protección de los pacientes.
Los códigos son criticables y mejorables, pero siempre en su ámbito de actuación y por quienes tienen la competencia para regular la profesión.
Los Códigos Deontológicos deben redactarse con un decisivo espíritu de servicio al ciudadano que, requiere la asistencia para recuperar o mantener su salud, pero nunca sujetos a intereses de mercado
El Colegio de Madrid (COEM) ya ha anunciado el inicio de los pasos necesarios para estudiar el correspondiente recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supremo.
Esperemos que esto no se quede en la pose habitual, en prensa, de algún alto representante colegial y se siga el ejemplo del COEM.
