Seguimos inmersos en la huelga de médicos y facultativos de la sanidad pública, y todo apunta a que continuará e incluso se intensificará. Sus consecuencias pueden ser muy graves para nuestro sistema sanitario, pero la realidad es que la Administración ha dejado pocas alternativas o más bien ninguna.
La aparente incompetencia mostrada por quienes dirigen el ministerio correspondiente lleva a muchos a pensar que existe una estrategia que va más allá de una simple mala gestión: trasladar a la opinión pública la idea de que la sanidad pública no funciona. Para ello se utilizan como argumento las crecientes listas de espera que esta huelga está provocando, cuando las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y quienes hoy dirigen el ministerio no gobiernan en ninguna de ellas, es fácil presumir intenciones torticeras.
En este contexto, estamos viendo cómo nuestros compañeros odontólogos que prestan servicio en la sanidad pública salen a la calle para defender su profesión y la calidad asistencial. Desde aquí, quiero trasladarles mi reconocimiento y felicitación. No debemos dejarles solos. Ellos están perdiendo el salario de su día de huelga y en metro se desplazan hasta las puertas del ministerio, mientras los representantes colegiales hacen largos desplazamientos en taxi y cobran dietas de asistencia.
Puede parecer que sus reivindicaciones afectan únicamente a la sanidad pública, pero la realidad es muy distinta. La discriminación con la que el ministerio pretende tratar a los odontólogos terminará afectándonos a todos. Hoy empieza en el ámbito público; mañana alcanzará a las consultas privadas que colaboran con los planes de salud dental de las comunidades autónomas, condicionando la valoración económica de sus servicios. Después llegará a quienes trabajan en grandes cadenas y franquicias cuando negocien sus condiciones laborales y salariales.
No podemos dejar solos a nuestros compañeros de la sanidad pública, la discriminación que plantea el ministerio es a la profesión, nos afectará a todos y sus consecuencias serán irreversibles.
Al final, todos los profesionales del sector, incluidos quienes consideran que siempre permanecerán en una posición privilegiada dentro del ámbito privado, sufrirán las consecuencias. La infravaloración de nuestra profesión acaba afectando a todos por igual. Y cuando sus efectos alcancen a los últimos, quizá ya no quede margen para reaccionar.
El abaratamiento de nuestros servicios puede resultar conveniente para la Administración, pero supondrá un deterioro progresivo del reconocimiento profesional, de las condiciones laborales y, en última instancia, de la calidad asistencial que reciben los pacientes.
Nunca es tarde y deberíamos hacer autocrítica, aunque solo sea por una vez. ¿Por qué ese deterioro en la imagen de nuestra profesión? ¿De donde nos hemos salido? ¿Dónde no hemos entrado? ¿Tanto auto repartirnos premios y medallas ha hecho que nos creamos que estamos donde teníamos que estar y no estamos?
