Secretaria de Finanzas de AMYTS
Licenciada en Odontología en la Universidad Complutense de Madrid. Empezó a trabajar en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid en el 2001 y en 2018 obtuvo plaza por concurso oposición, compatibiliza su trabajo en atención primaria con el de ortodoncia exclusiva en la privada. Actualmente es secretaria de finanzas de AMYTS.
La reciente propuesta de reforma del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad ha puesto en pie de guerra a médicos y facultativos. Como odontóloga de la sanidad pública y destacada miembro del sindicato AMYTS, se ha convertido en referencia de los odontólogos, un colectivo especialmente perjudicado en este intento de reforma. Conversamos sobre aspectos y conceptos de este proyecto y como no, le agradecemos el servicio que prestan con su trabajo al conjunto de la profesión y la sociedad todos los que junto a ella están dando la cara y nunca mejor dicho.
El proyecto de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad lleva meses ocupando titulares y conversaciones en medios generales y especializados. La reacción unánime de los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud ha sido masiva. ¿Qué ha provocado una oposición tan transversal como pocas veces o quizá nunca se ha visto en nuestro sector?
Creo que se debe fundamentalmente a dos factores, por una parte, se ha producido en un momento en que somos varios los odontólogos a nivel nacional implicados en la defensa de la profesión desde ámbitos laborales en los que posiblemente no teníamos tanta representatividad en otros momentos, y eso nos hace acceder a la información de una manera más ágil y directa, y por otra parte la facilidad de comunicación y de distribución de información que existe actualmente no es comparable a tiempos anteriores.
La clasificación profesional es uno de los puntos que afecta especialmente a los odontólogos. ¿Qué consecuencias se desprenden para nuestro colectivo?
La consecuencia más directa es que quedamos en el mismo nivel que categorías profesionales con un nivel académico y con una responsabilidad clínica muy diferentes a la nuestra. De este modo nuestro colectivo queda desdibujado en una clasificación de la que emanan conceptos tan importantes como la gestión de recursos y los aspectos retributivos en el sistema público.
A nivel del ejercicio privado, hay que ser conscientes que la regulación de las profesiones siempre emana de la parte publica y posteriormente repercute en la privada por lo que, si se rebaja el reconocimiento académico y profesional dentro del organigrama de la sanidad pública, más pronto que tarde veremos la repercusión en la sanidad privada, y en la colaboración público-privada.
Categorías y competencias bailan en este proyecto. ¿Nos puedes marcar la diferencia entre estos conceptos?
Claro, las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que certifica una determinada titulación, en nuestro caso, resumiendo mucho todo aquello que abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. Por otra parte, las categorías son una clasificación oficial que agrupa a los trabajadores según su titulación académica y las funciones que desempeñan.
Los facultativos no han sido escuchados o no han sido tenidas en cuenta sus opiniones. ¿Qué consecuencia inmediata trae esta actitud por parte de la administración?
La consecuencia directa es, tristemente, la falta de identificación con un sistema con el que no se sienten reconocidos. En el caso de nuestra profesión este desencanto es el resultado de un desgaste histórico que ahora alcanza su punto crítico, lo que vivimos como profesionales es el desconocimiento absoluto por parte de nuestros gestores de cómo es nuestra actividad y qué necesidades tenemos para dar una adecuada asistencia a la población. No es un secreto para nadie que el sistema nacional de salud tiene una deuda histórica con la atención bucodental a la población española, y para los profesionales, tampoco es un secreto la falta generalizada de planificación estratégica, gestión profesional y dotación presupuestaria a todos los niveles en lo que a las prestaciones dentales se refiere.
¿Cuándo surgen problemas en demandas judiciales cuestionando la praxis de los distintos facultativos, la administración lo habitual es que los abandone para en la medida de lo posible salvar su imagen? ¿Dónde queda y sobre todo donde se reconoce la responsabilidad del profesional, en un sentido positivo de reconocimiento a su labor en este mar de confusión entre categorías, competencias y créditos de formación?
Lo describes perfectamente, desgraciadamente lo que el proyecto de ley de Estatuto Marco presentado genera es un mar de confusión en el que mezclan en un mismo grupo de clasificación a categorías de diferentes niveles académicos, que se definen por el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), que es el sistema oficial que clasifica los títulos universitarios y de educación superior en España para facilitar su comprensión, comparación y movilidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
De igual forma incluye en un mismo grupo de clasificación a categorías con diferentes niveles de responsabilidad clínica, no diferenciando a los profesionales que asumen la responsabilidad integral de todo el proceso de atención al paciente, con todas las competencias diagnósticas y terapéuticas que ello implica, de las categorías profesionales que no tienen esas competencias y por tanto no asumen esa responsabilidad.
Como resultado se propone una clasificación profesional que no garantiza la correspondencia necesaria entre formación, competencias y responsabilidad clínica.
¿Las condiciones de trabajo en el Sistema Público, en tu opinión son las adecuadas?
Por mi experiencia, y la de los compañeros de otras comunidades que me transmiten discursos parecidos, las condiciones laborales de los odontólogos en el Sistema Público tienen un amplio margen de mejora. En líneas generales, sufrimos un grave déficit de personal que satura a los profesionales y deja a la población con una cobertura mínima. A esto se suman espacios de trabajo que, en muchos casos, incumplen la legalidad vigente, serios problemas organizativos derivados de una falta de gestión profesional especializada y una clara discriminación retributiva frente a otras categorías de nuestro mismo nivel competencial.
Los odontólogos y estomatólogos son una minoría los que están trabajando en el sistema público, sin embargo, estas decisiones les afectarán a todos, al situarlos en un determinado espacio profesional. ¿Cree que están siendo conscientes o conocedores de esta situación?
Estamos intentando que así se perciba, pero es difícil. La odontología es una profesión que se ejerce mayoritariamente en el ámbito privado y los odontólogos tradicionalmente focalizamos nuestra atención en la actividad clínica y la formación, que no es poco, pero al no estar integrados de manera general en el Sistema Público, desatendemos temas laborales y legislativos tan importantes y con tanta repercusión, y al final, desgraciadamente, pagamos las consecuencias.
Llevas 25 años trabajando en el Servicio Madrileño de Salud. ¿Os sentís reconocidos en vuestra labor por los pacientes? ¿Y por la administración?
No es una pregunta fácil. Te diría que desde la población percibimos por una parte una gran confianza en nuestra labor asistencial y por otra parte somos los depositarios directos de sus quejas por las escasas coberturas públicas y por las listas de espera que tienen que soportar en muchos casos para acceder a un recurso de salud tan necesario y ubicado mayoritariamente en el nivel asistencial de la Atención Primaria, nivel en el que el acceso a otros recursos se caracteriza entre otras cosas por su agilidad.
Por parte de la administración creo que el sentimiento más generalizado de los profesionales es el de invisibilidad. El dimensionamiento es tan escaso que nuestra labor se diluye pese a tener una sobrecarga asistencial evidente, no solo por las necesidades de la población sino como te he comentado, por el déficit crónico de odontólogos que origina que tengamos cupos asignados de decenas de miles de pacientes, por lo que es imposible lograr un impacto real en la salud de la población.
Es una cuestión de voluntad política, las Administraciones deberían asumir su responsabilidad y saldar esta deuda histórica con la salud de los ciudadanos.
¿En vuestra labor en la sanidad pública que actuación consideras que es la más importante?
Creo que hay un diferencia fundamental entre la odontología que se realiza en la sanidad pública y la que se realiza en la sanidad privada, y es que en la sanidad pública el enfoque del tratamiento es mucho más global e integrador. Por establecer un símil seríamos a la Odontología lo que los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria son a la Medicina. Prestamos una atención muy integradora de la salud y la patología bucodental en el conjunto de la salud y la patología sistémica.
Creo que esto es algo muy importante, tratamos a pacientes complejos a nivel sistémico y lo hacemos en el contexto de la atención completa dentro de su centro de salud. Tenemos pendiente por supuesto alcanzar una cobertura poblacional mucho más elevada y por supuesto que la continuidad asistencial con otros niveles se materialice de una forma mucho más real, pero para eso hacen falta políticas que apuesten por dar una atención bucodental seria y generalizada a la población, que pasa necesariamente por aumentar el número de odontólogos tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, donde nuestra presencia es casi testimonial.
¿Tratáis directamente con los gestores, entienden ellos en que consiste vuestro trabajo?
Si claro, tratamos directamente con ellos en el ámbito de la representación laboral. Generalizar es complicado porque evidentemente no todos los gestores son iguales, pero en líneas generales lo que si te puedo decir es que hay un desconocimiento mayoritario de cómo es nuestra actividad asistencial y las condiciones necesarias para desarrollar nuestra labor con la máxima calidad y eficiencia. En este punto se evidencia la ausencia casi generalizada de odontólogos en la práctica totalidad de los niveles de gestión, lo que genera una asimetría evidente con la gestión de otros niveles de competencia (medicina, enfermería, …) y origina disonancias organizativas que se podrían evitar.
