La transferencia de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas dejó al Ministerio de Sanidad con un margen de actuación limitado. Sobre el papel, esto debería traducirse en un papel coordinador, técnico y estratégico. En la práctica, sin embargo, asistimos a una paradoja inquietante: pocas competencias para mejorar, pero suficiente capacidad para empeorar las cosas.
La situación actual lo ilustra con claridad. España atraviesa una huelga prolongada de médicos y facultativos como nunca se había visto: semanas de paro, una unidad profesional poco habitual y un conflicto enquistado hasta el punto de requerir la intervención del presidente del Gobierno. Mientras tanto, los consejeros autonómicos de sanidad —teóricos responsables de la gestión asistencial— observan con preocupación cómo la falta de diálogo desde el ministerio agrava una crisis que no han provocado ellos.
Las consecuencias son tangibles. Las listas de espera, cuyo control recae en las comunidades autónomas, se ven tensionadas por factores externos a su gestión directa. Cuando el marco estatal falla en lo esencial —la negociación, la regulación coherente, la planificación—, todo el sistema se resiente.
Pero el problema va más allá del conflicto laboral. Afecta a la seguridad y a la calidad asistencial. Existen normas estrictas que limitan las horas de trabajo de un piloto de avión, y nadie las discute: están diseñadas para proteger vidas. Resulta difícil entender por qué ese mismo principio no se aplica con igual rigor en la sanidad. Hoy, un médico puede encadenar jornadas de más de 18 horas y, aun así, verse obligado a tomar decisiones críticas o realizar intervenciones quirúrgicas. No es solo una cuestión de derechos laborales; es una cuestión de sentido común. Nadie querría estar en manos de un profesional exhausto en un momento vital.
A esto se suma otro frente preocupante: la tendencia a redefinir categorías profesionales en función de horas lectivas en lugar de responsabilidades reales. En sanidad, la clave no debería ser cuánto tiempo se ha pasado en formación, sino qué decisiones se toman y qué responsabilidad se asume. ¿Quién responde ante un diagnóstico? ¿Quién define un tratamiento? Diluir estas líneas no fortalece el sistema, lo debilita.
La comparación con la aviación vuelve a ser útil. Un piloto asume la responsabilidad final, pero lo hace sobre una aeronave revisada por especialistas. En la sanidad, el facultativo no solo “pilota”: también diagnostica, decide y, en muchos casos, compensa fallos estructurales del sistema. Esa sobrecarga no es sostenible.
Conviene, además, no ignorar la que se avecina. A la odontología pretenden rebajarla de categoría con estos cambios. Si no se reacciona a tiempo el daño será irreparable y lamentablemente nos encontramos en un contexto de representación institucional anquilosada y poco dinámica que, si no despertamos nos augura lo peor.
