La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha renovado su concierto para la prestación de asistencia sanitaria durante el trienio 2025-2027, adjudicando el contrato a dos aseguradoras: Segurcaixa Adeslas y ASISA. El total del acuerdo supera los 4.300 millones de euros, con Adeslas recibiendo 2.366,1 millones y ASISA 1.935,9 millones.
Este concierto garantizará el acceso a servicios sanitarios a cerca de un millón de trabajadores públicos y sus beneficiarios, cubriendo tanto la atención dentro de España como la asistencia sanitaria transfronteriza. La adjudicación que se formalizará previsiblemente en mayo, aunque ya se ha aprobado que ambas compañías cumplieron con los requisitos necesarios.
El proceso se había visto retrasado por diversos problemas administrativos, incluido el informe de prestaciones sanitarias que se presentó tarde, y por la necesidad de aumentar la prima económica para hacerlo viable. Todo hace pensar que ha sido el Ministerio de Sanidad quién más palos ha puesto en las ruedas de un acuerdo que se ha solventado desde otras instancias de Gobierno más dialogantes. Como resultado, DKV abandonó el concurso en enero, ya que no era rentable para la aseguradora. Los mutualistas que tenían asistencia de DKV deberán elegir entre otra aseguradora concertada o los servicios públicos autonómicos.
Los sistemas de salud en toda Europa, no solo en España, están sometidos a una presión creciente debido al envejecimiento de la población, el aumento de la demanda asistencial y la complejidad de integrar la innovación médica. Esta situación se traduce en problemas comunes como la escasez de personal, listas de espera prolongadas, acceso limitado a tratamientos avanzados y tensiones en la financiación del sistema.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) en España ha sido durante décadas uno de los pilares fundamentales del bienestar social, ofreciendo a todos los ciudadanos acceso universal y gratuito a la atención sanitaria. Sin embargo, a pesar de contar con un personal sanitario altamente cualificado y equipamientos modernos, el sistema enfrenta una serie de desafíos críticos que podrían poner en peligro su viabilidad futura.
A modo de ejemplo para no aburrir con datos, según el IDIS el sector privado cuenta con el 41 por ciento de los mamógrafos, el 39 por ciento de los equipos de litotricia y el 48 por ciento de los de resonancia magnética y ha pasado de atender el 20,6 por ciento de las urgencias anuales al 33,6, aunque este dato es más opinable por lo difícil de evaluar la complejidad de cada urgencia. Disponen del 31 por ciento de las camas hospitalarias, dato que también hay que leer con precaución ya que, en muchos casos, tal vez la mayoría, la segunda cama de la habitación no es para el paciente sino para el acompañante, puesto que es habitual que las pólizas de seguros establezcan el derecho a habitación individual, como sucede con las pólizas de MUFACE.
El Sistema Nacional de Salud se enfrenta a una posible “Dualización” por la creciente privatización de los servicios de salud.
Esta “Dualización” que, tiene rumbo irreversible, obliga a prevenir consecuencias discriminatorias para los ciudadanos, como son el acceso desigual a la atención sanitaria y la desigualdad en la calidad de la atención recibida.
Lo que los funcionarios han exigido, en este momento, deberíamos verlo más como una solución a la situación actual de saturación de SNS, más que como un privilegio a este colectivo. Tampoco debemos cerrarnos a otras soluciones.
Mientras no seamos capaces de cubrir con el SNS toda la asistencia debemos centrar los esfuerzos en que nadie quede discriminado a la hora de recibir la atención, es preferible dejar optar a un grupo por una sanidad fuera del SNS que colapsar a este y que al final quienes acudan al privado sean exclusivamente los que se lo pueden pagar.
También tenemos que evitar que esta opción se convierta en un privilegio para demandantes y prestadores del servicio privado, lo que no está muy claro y no creo que sea justo es esa opción de cambio anual, ahora semestral, los proyectos estratégicos no se hacen a un año y sanidad no debe ser una excepción. No puede ser que este optando por lo privado mientras mi estado de salud es bueno y cuando enfermo de algo grave que requiere una atención costosa y altamente especializada, me cambio a lo público, porque volviendo al principio al evaluar las urgencias, una sola de un quemado o un politraumatizado me exige más que otras que aún calificadas de urgencias se resuelven con una mínima atención. No es lo mismo intervenir a pacientes con buen estado de salud general que a pacientes con complejidades respiratorias o cardiológicas, si solo valoramos el diagnostico principal de la intervención, no es lo mismo. La colonoscopia del joven a la privada y la del anciano a la pública y por el mismo precio no vale.
De lo que estoy convencido es de que hay que recelar de los privilegios de unos sobre otros.
