Recientemente se ha divulgado la intención del Gobierno de endurecer los requisitos para la creación de universidades, especialmente las privadas, exigiendo la necesidad de informes técnicos vinculantes, una base mínima de 4.500 estudiantes en cinco años y la garantía de solvencia económica.
La portavoz del Ejecutivo ha tenido que salir al paso de las acusaciones de la oposición sobre la existencia de un ataque a las universidades privadas. Lo cierto es que el Consejo de Ministros hablaba de “frenar los chiringuitos universitarios privados”. En palabras de la portavoz, el problema no cabe enmarcarlo en una confrontación pública-privada, sino en un “contraste entre universidades buenas y universidades malas”. Aun aceptando una cierta tendencia al maniqueismo en todos los aspectos de la vida y por tanto también en la enseñanza, no podemos dejar de reconocer las dificultades inherentes a ser el juez que determina quien es el bueno y quien el malo. En principio se concede crédito a las instituciones cuyas competencias se cifran precisamente en eso: en evaluar la calidad de la enseñanza. En nuestro país es la Agencia Nacional de evaluación de la calidad y acreditación (ANECA) y las agencias autonómicas (AQU,AAC,etc) las que se encargan de esa función. También, de un modo indirecto, distintos Rankings catalogan de algún modo a las universidades en función de diferentes parámetros. Desde luego nos puede surgir la duda sobre la solvencia y la ecuanimidad de todos los sitemas evaluadores. Probablemente todos estén sometidos a sesgos basados en variables espureas o no. Lo que no deja de sorprendernos es que la afirmación sobre la existencia de “chiringuitos“ que expiden títulos, exentos de rigor y por intereses varios, provenga del estado que es precisamente quien en teoría faculta, vigila y controla a esas instituciones . De hecho, los pocos escándalos al respecto publicados no han impedido que ninguna universidad afectada prosiga con su actividad. Así pues, se pone en cuestión la propia capacidad reguladora de las Agencias creadas a tal fin o en su defecto la voluntad política existente para ejecutar medidas sancionadoras a los “chiringuitos” de los que habla el Gobierno. Por ende, se anuncian informes técnicos vinculantes, presumiblemente de las mismas agencias citadas anteriormente. Ojalá fuera cierto que el tema va de universidades buenas / universidades malas. Me temo que no es así. En su réplica a la oposición la propia ministra argumenta, para refutar las acusaciones, que la comunidad madrileña recortó el presupuesto de sus universidades públicas afirmando implícitamente que ello supondría un hándicap para las “buenas universidades”. Este conflicto de la dualidad público/privada no se circunscribe a la docencia, se extiende a la sanidad y a otros ámbitos y se enmarca en aquello de ser capaz de ver la mota en ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En el caso de la enseñanza dental toda esta reflexión no está al margen de la indudable sobresaturación de títulos universitarios de odontología que ha favorecido la permisibilidad de las autoridades al permitir un sinfín de facultades de odontología (públicas y privadas) que no tengo porque dudar que se esfuerzan en ser buenas universidades al margen de su titularidad. Lo cierto es que la enseñanza es un negocio y en odontología las universidades públicas tienen el 32% y las privadas el 68% de las plazas formativas sin que el desequilibrio numérico tuviera que ir asociado al desequilibrio cualitativo en los resultados docentes. Al menos esa debería ser la función de los organismos reguladores y de las autoridades educativas. Si las nuevas directrices fueran encaminadas a limitar el número de odontólogos haciendo que solo obtuvieran el título los mejores (procedieran de universidades públicas o privadas), asistiríamos a mi juicio a la difusión de una buena noticia. Sin embargo, yo creo que la medida viene acompañada de un prejuicio político o ideológico. Si no fuera así ya se podrían empezar a cerrar los “chiringitos “ que parecen haber detectado, haciendo uso de las facultades que posee el ministerio de universidades, los gobiernos autonómicos o los tribunales. Agencias y medios tienen para valorar esas situaciones y para ello no hace falta hablar de “público” o “privado”.
Lo que no se ve es la voluntad y la valentía política de acometer medidas al respecto libres de sesgos ideológicos. Yo estoy convencido de que el Real Centro Universitario María Cristina en el Escorial o la Universidad Camilo José Cela, ambas instituciones privadas en las que estudió nuestro presidente del gobierno no son en palabras de la ministra Alegría (la verdad es que los apellidos no acompañan, pese a todo, al optimismo) “universidades de garage”. Seguro que no forman parte del grupo, y cito textualmente las palabras de la portavoz, de “centros que de universidades solo tienen el nombre puesto que son un negocio para expender títulos sin unos mínimos requisitos de calidad”.
