COMO EVITAR QUE LA SITUACION ENTRE EN COMBUSTION

    Dr. Manuel Ribera Uribe, JMD, DDS, PhD Profesor de Gerodontología, Pacientes Especiales y Prostodoncia, Presidente del Comité de Ética en Investigación y Medicamentos UIC (Universitat Internacional de Catalunya), Académico de la Pierre Fauchard Academy.

    Amigos, parece que por fin este tórrido verano empieza a decaer y los fuegos que han incendiado nuestros bosques y campos amainan. Lo que queda son tierras yermas, vidas y haciendas rotas y unos ánimos que, lejos de apaciguarse, siguen ardiendo en torno al reparto de culpas y responsabilidades. Ya venía el ambiente caldeado entre bandos (la corrupción, el paro, el cambio climático…), un amasijo de temas en los que no se encontraba puntos de concurrencia suficientes para abordar soluciones conjuntas. Y llego el fuego. El inmenso coste que supondrá reparar el daño (allá donde se pueda) ha puesto en evidencia que la política de dotar de medios para controlar incendios de 6ª generación está obsoleta. Resulta que lo obvio es que era necesaria mucha más prevención. La pelea se centra en quien supo proveerla y quien no y en todo caso por qué no lo hizo.

    Total, que pasado este infausto verano y volviendo al trabajo, a los pacientes con sus problemas y a los alumnos con los suyos, me da la sensación de que el largo y tórrido verano de nuestra profesión está por venir. En nuestras tierras campan mas dentistas que los que demandan los pacientes (como hay más bosques que medios para limpiarlos), nuestras universidades sin embargo siguen aumentando al mismo ritmo que aumentan y se difuminan las administraciones con competencias en incendios y ello sin que nadie limite ni a unas ni a otras. Entre tanto, esperan convalidar en España un considerable número de dentistas extranjeros que se sumarán a los nativos y que desde luego no contribuirán a apagar el fuego. La sanidad pública prioriza los medios asistenciales en detrimento de los planes preventivos y todo ello mientras la población en general escucha los cantos de sirena de una publicidad engañosa que se parece mucho al discurso de los políticos prometiendo y legislando normas que en muchas ocasiones no se llevan a cabo. Ni siquiera, aunque se quemen los bosques. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aproximadamente el 72 % de la superficie forestal española es propiedad privada. El 28 % restante corresponde a tierras de titularidad pública (Estado, comunidades autónomas etc.). Pese a que la Ley 43/2003, de Montes (modificada en 2015) establece que los propietarios de montes o terrenos forestales están obligados a gestionarlos y mantenerlos adecuadamente, lo que incluye reducir la acumulación de combustible vegetal que favorezca los incendios, lo cierto es que nuestros montes han demostrado ser antorchas en espera de una chispa. Total, que la ley existe, pero ni se cumple en relación al propietario privado, que es mayoritario, ni tampoco en relación al propietario público. Por el contrario, en odontología, aunque las plazas anuales se gestionan a través de la autorización ministerial a cada universidad de tal modo que el 68% de los dentistas que salen cada año proceden de universidades privadas frente al 32% de las públicas, no hay ningún límite directo a la “fábrica de odontólogos” tal como reclama insistentemente el sector profesional. A ello se añaden a los convalidados. Además, la encuesta de Salud dice que el 10,6% de tratamientos (prevención incluida) son de carácter público frente a un 89,4% privado. O sea que en este tema cuyos actores son también mayoritariamente privados, a diferencia del asunto de la gestión de los montes, ni siquiera hay ley al respecto.  Ustedes me perdonarán la simpleza de relacionar fuegos y dientes, pero es que me parece que en ambos casos hay material combustible, hay falta de prevención y de decisión política y hay un entresijo de competencias e intereses que, si no cambia mucho y pronto, durante las próximas temporadas se acabarán dañando a la par tantos campos como bocas. Uno se pregunta: si la profesión lo ve claro, si la universidad es consciente de que su negocio no puede seguir generando paro o subempleo, si la sociedad sabe que hay publicidad engañosa: ¿por qué no hay ya números clausus y por qué no hay ya una ley específica que regule la publicidad y sancione con más dureza el incumplimiento? ¿No sería eso prevención? Nos evitaríamos fuegos de difícil control en el futuro