Presidente del Colegio de Dentistas de Granada
Muchos de nosotros, como ciudadanos, hubiéramos deseado que las distintas administraciones estatales, autonómicas, locales y todos los partidos políticos, hubieran aunado esfuerzos en la peor crisis sanitaria y económica que, probablemente, muchos de nosotros viviremos. Ante la imposibilidad manifiesta e histórica de un gobierno de concentración hubiera sido, al menos, exigible que los distintos gobiernos de estas instituciones y sus máximos representantes favorecieran un clima de diálogo y canales de participación entre los que pueden aportar conocimiento y sobre todo aquellos que quisieran sentarse a trabajar. A partir de ahí la responsabilidad de construir es de todos. Por el contrario, sin favorecer canales de comunicación abiertos por quién tiene autoridad para ello, y sin el preceptivo debate; solicitar a los demás unidad de acción o apoyos incondicionales, sólo se puede entender como una imposición propia de otras épocas.
“…en estos momentos tan cruciales se
hace necesario debatir y consensuar,
entre todos, las políticas que se deben
tomar desde el Consejo General…“
En nuestra profesión, siento reconocer que se ha cometido el mismo error. En esta crisis sanitaria el Presidente de nuestro Consejo General, el Dr. Oscar Castro Reino, no ha considerado necesario reunir a la Asamblea de Presidentes de forma extraordinaria limitándose a celebrar una única asamblea por obligación estatutaria en junio. Y ello, con independencia de que supiera oficialmente que había voces discrepantes con los documentos y los posicionamientos que se estaban realizando. Colegios que queríamos aportar nuestro punto de vista sobre temas de suma importancia ara nuestra profesión, como los protocolos o las pruebas diagnósticas del COVID-19. En una etapa tan dura y compleja no tener la necesidad de oír y nutrirse de las distintas opiniones y aportaciones de los Colegios define una forma de entender la organización, el poder y su propia función en las antípodas de la mía.
El tema de los protocolos, en el que reconozco que hay un grandísimo trabajo detrás y un despliegue de infografía muy acertado, se hubiera solucionado fácilmente con un borrador previo a los Colegios para recibir sus aportaciones y enriquecer o modificar el documento. Por ejemplo, la definición de urgencias dentales, de asistencia odontológica urgente o algunas cuestiones incluidas en los planes estratégicos.
El tema de los test es más complejo y profundo y, desde mi punto de vista y así lo he defendido internamente, la actuación del Ejecutivo extremadamente preocupante. En primer lugar, porque no se defendió desde principios de Abril la posibilidad de prescribir por parte de los odontólogos la prueba PCR como facultativos que somos. Mientras otros consejos profesionales como el de Enfermería lo solicitaba, desde nuestro Consejo General se remitía a los Colegios un informe que diferenciaba entre los médicos estomatólogos que sí podían y los odontólogos que no. La presión de algunos Colegios, en mi caso realicé un contrainforme que remití a todos los miembros de la asamblea y el propio debate en Asamblea, consiguió cambiar la posición del Ejecutivo y hacer la pertinente consulta al Ministerio. La historia de la venopunción se repetía. La misma negativa a los odontólogos desde nuestro propio Ejecutivo, las mismas absurdas razones y, una vez consultada la administración, la misma respuesta: los odontólogos están facultados.
En cuanto a la segunda cuestión, la posibilidad de realizar en clínica pruebas rápidas, el Consejo se posicionó en abril, de nuevo sin debate ni consulta a los Colegios y, lo que es peor sin ninguna necesidad. Creo sinceramente que el tiempo, con los test nuevos que se están comercializando de antígenos dirigidos a los profesionales sanitarios y los de anticuerpos realizados con muestra de saliva, está dando la razón a los numerosos Colegios
que defendíamos desde el minuto uno que debíamos, al menos, luchar por esa competencia. Hacer constante referencia desde el Ejecutivo en documentos públicos que la misma no está recogida en las atribuciones propias de los dentistas según la Ley 10/1986, además de absurdo por la cuestión temporal, nos hace ver que la lección de la venopunción donde el ejecutivo utilizó el mismo argumento para descartar a los odontólogos, no se aprendió. Que mientras los Enfermeros, los Farmacéuticos luchan por esta posibilidad y se ofrecen a la Administración nuestro Comité Ejecutivo decidió autodescartarnos. Y lo hizo desde a ausencia de debate, sin diálogo pero con absoluta constancia que, muchos presidentes, no estaban de acuerdo con la postura del ejecutivo. Que mientras los higienistas y los protésicos intentan por todos medios ampliar sus atribuciones, nosotros nos autolimitamos.
El 23 de Abril escribí la primera carta, de varias, a los miembros de la Asamblea exponiendo esta sin razón y compartir un párrafo de la misma porque creo resume perfectamente el contenido de este artículo. “A nadie se le escapa que el Ejecutivo ha sido elegido según nuestros estatutos. Pero en estos momentos tan cruciales se hace necesario debatir y consensuar, entre todos, las políticas que se deben tomar desde el Consejo General, sobre todo de aquellas que sobrepasan las acciones rutinarias y afectan de forma sustancial al conjunto de colegios y colegiación.
Cualquier decisión “universal” debe partir del principio de participar en ella todos los Colegios y es al Presidente a quién compete convocarnos y sólo él el responsable de no hacerlo. No parece razonable pedir “a posteriori” solidaridad y compromiso al resto de presidentes cuando no se están utilizando los mecanismos plurales y oficiales de expresión recogidos en nuestra norma estatutaria, y tampoco se comparten las decisiones a tomar. El
Ejecutivo no puede actuar a espaldas de la Asamblea durante toda la crisis, asumiendo en nombre de todo el colectivo posicionamientos normativos que nos afectan profundamente. Pongo por ejemplo, el tema de los test rápidos en las consultas que tanto me recuerda al de la “venopunción” donde la cabeza de nuestra organización decide pronunciarse y establecer nuestros límites de forma totalmente innecesaria y unilateral”.
Mi sorpresa es recibir el día 30 de Septiembre una nota de prensa del Consejo, donde el presidente de la Organización Colegial insta a Sanidad a que los más de 40.000 dentistas que hay en nuestro país puedan no solo prescribir las pruebas diagnósticas de detección del SARS-CoV-2, “sino que también podamos participar, como facultativos que somos, en la realización de las mismas, si se nos habilita por las autoridades competentes en aquellos casos que se requieran y siguiendo, en todo momento, sus instrucciones, convirtiéndonos en agentes importantes en la red del Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de estrategias de prevención y detección precoz de la COVID-19”. Utilizando el refranero español donde durante meses “dije digo ahora digo diego”. Lo peor de todo es que, por el encabezonamiento del Ejecutivo, vamos meses tarde. Esta petición, realizada evidentemente de otra forma, tenía que haberse producido en Abril.
“El Ejecutivo no puede actuar a espaldas
de la Asamblea durante toda la crisis,
asumiendo en nombre de todo el colectivo
posicionamientos normativos que nos
afectan profundamente“
Mientras algunos Colegios decíamos que ese era el camino y pedíamos debate el Ejecutivo nos mandaba documentos como el titulado “Los test de Detección del Coronavirus. 10 preguntas y respuestas” de 23 de abril o un informe externo recibido el 1 de Junio a petición del Dr. Oscar Castro permitiéndonos su difusión. Pero es que además la nota de prensa es otro ejemplo del excesivo autoprotagonismo que acostumbra a darse el Dr. Oscar
Castro en detrimento de la propia Organización Colegial. De nuevo sin debate, sin consultar con los Colegios, sin informarnos previamente ni tan siquiera, de motu proprio, nos ofrece al Ministerio para labores de rastreo. Otra vez, cae en un profundo error y, bajo mi criterio, en una gran irresponsabilidad porque esas labores nada tienen que ver con nuestra formación ni con nuestra profesión y, por consiguiente, no tiene autoridad alguna para disponer de nuestras personas. El grado de colaboración de los dentistas con la sociedad y con las distintas administraciones antes y durante la pandemia está más que acreditado. Ni nosotros somos rastreadores, ni tenemos formación específica para ello, ni nuestras clínicas pueden asumir ese peso. Relacionar la situación laboral de algunos de nosotros, ya sean trabajadores afectados por un ERTE o autónomos que han tenido que suspender su actividad, con la disponibilidad de los mismos para ser rastreadores es sencillamente surrealista.
El Ejecutivo lleva dando palos de ciego desde que se declaró la pandemia. Sin criterios claros, dando tumbos como acabo de exponer sobre temas fundamentales y, lo que es peor, evitando la participación y el debate.
«El Ejecutivo lleva dando palos de ciego
desde que se declaró la pandemia»
