De los posicionamientos a los resultados, el papel de los representantes de nuestro colectivo

El Estatuto Marco, la huelga indefinida de facultativos, la ausencia de especialidades odontológicas oficiales, la plétora profesional y la apertura de nuevas facultades. A todo ello le sumamos el coste que soportan los jóvenes odontólogos para completar su formación y el cierre de la red de clínicas de Vivanta. En un momento especialmente delicado para la profesión, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) y el Consejo General de Dentistas de España se han posicionado ante muchos de estos problemas. La cuestión es si esos posicionamientos son suficientes y, sobre todo, qué resultados están consiguiendo en términos de concienciar y movilizar a los odontólogos.

La odontología española llega al otoño de 2026 acumulando problemas que, aunque parezcan independientes, forman parte de una misma realidad. España cuenta con más de 43.000 dentistas colegiados y mantiene una oferta universitaria muy elevada. El propio Consejo General viene alertando de la plétora profesional y del crecimiento descontrolado de plazas y facultades. El problema no es formar buenos odontólogos, sino preguntarnos cuántos formamos, qué perspectivas les ofrecemos y qué lugar queremos que ocupen en el sistema sanitario.

El problema no es formar buenos odontólogos, sino preguntarnos cuántos formamos, qué perspectivas les ofrecemos y qué lugar queremos que ocupen en el sistema sanitario.

A ello se suman dos hechos inmediatos. El 28 de octubre médicos y facultativos están llamados a iniciar una huelga indefinida contra la reforma del Estatuto Marco. Por otro lado, la red de clínicas dentales Vivanta ha cerrado o suspendido su actividad, dejando pacientes con tratamientos iniciados y, en ocasiones, pagados o financiados. Vivanta recibió, en 2022, 40 millones de euros de apoyo público temporal de la SEPI. Antes de Vivanta estuvieron los casos de iDental y Dentix. Cuando ciertos modelos empresariales fracasan, las consecuencias recaen sobre pacientes, profesionales y, a veces, sobre la Administración.

Facultativos, pero ¿con el mismo reconocimiento?

El proyecto de reforma del Estatuto Marco sitúa al odontólogo en el grupo 7 y reserva el grupo 8, entre otros supuestos, para profesionales con especialidad en Ciencias de la Salud o doctorado. El grado en Odontología consta de 300 ECTS y habilita para diagnosticar, prescribir, tratar y realizar procedimientos odontológicos y quirúrgicos, asumiendo directamente la responsabilidad clínica. Es lo que hace cada día un odontólogo de atención primaria. Somos, sin discusión alguna, facultativos.

Sin embargo, España continúa sin reconocer especialidades oficiales en odontología. La paradoja es evidente: se utiliza la especialización como criterio de clasificación, por ejemplo, en el caso de los médicos, mientras el propio Estado no ofrece al odontólogo una vía para obtenerla. No obstante, la comparación con otras profesiones debe hacerse con prudencia. No se trata de cuestionar sus avances, pero, enfermería, sin ir más lejos, dispone de especialidades oficiales y de formación sanitaria especializada. Odontología, pese a sus competencias diagnósticas, prescriptoras, terapéuticas y quirúrgicas, no. Esto no implica que una enfermera especialista cobre automáticamente más que un odontólogo, porque las retribuciones dependen de categorías, puestos y complementos, pero sí que dispone de una vía de desarrollo profesional que al odontólogo le está vedada. No es una limitación elegida por el profesional, sino que la ha creado el sistema.

… se utiliza la especialización como criterio de clasificación, por ejemplo, en el caso de los médicos, mientras el propio Estado no ofrece al odontólogo una vía para obtenerla …

Una profesión que paga su propia formación

La plétora y el crecimiento de la oferta universitaria agravan otra realidad. En un mercado muy competitivo, muchos graduados encadenan el grado con másteres, posgrados y programas clínicos en Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía, Odontopediatría o Prótesis, financiados de su bolsillo y con costes que pueden alcanzar decenas de miles de euros. El médico que accede al MIR y la enfermera que accede al EIR realizan formación especializada reglada y remunerada. El odontólogo no. Un agravio evidente.

El dentista hoy en día invierte años y una cantidad considerable en formación avanzada y, al terminar, el Estado no lo reconoce oficialmente como especialista porque esas especialidades no existen. La contradicción es máxima cuando el profesional trabaja en el SNS, ya que la Administración exige, legítimamente, excelencia, pero ser permite limitar su clasificación profesional porque carece de una especialidad reconocida. Se les exige formarse y pagarse su formación, pero no existe reconocimiento alguno.

En el Sistema Nacional de Salud se exige excelencia, al odontólogo que carece de especialidad reconocida se le exige formarse y pagarse su formación

¿Es suficiente con posicionarse?

Tanto el COEC como el Consejo General de Dentistas han rechazado públicamente la clasificación propuesta y han defendido la condición facultativa del odontólogo, reclamando el grupo 8 y la creación de especialidades oficiales. Sería injusto afirmar que no han hecho nada. Pero quizá esa ya no sea la pregunta, quizá debemos preguntarnos si la respuesta es proporcional a lo que está en juego y qué resultados está produciendo.

Mientras los médicos y el resto de los facultativos han pasado de la negociación a la movilización y ahora a una huelga indefinida, parte de la profesión odontológica percibe su respuesta institucional únicamente con comunicados, posicionamientos y reuniones. ¿Dónde está la odontología en este conflicto? Los odontólogos del SNS también somos facultativos y el Estatuto Marco condicionará nuestro futuro.

Obviamente, un colegio no es un sindicato y no corresponde al COEC ni al Consejo General convocar una huelga laboral. Pero convocar no es lo mismo que apoyar. Pueden respaldar las reivindicaciones, informar a sus colegiados, explicar qué está en juego, coordinarse con los sindicatos y dar visibilidad a quienes asumen personalmente el coste de la movilización. Quien pierde salario puede preguntarse si una reivindicación es suficientemente importante para asumir una pérdida económica, ¿lo es también para que las instituciones respalden públicamente la movilización? No se pide asuman el papel de los sindicatos, sino que los odontólogos movilizados no tengan la sensación de hacerlo solos.

Cuotas, recursos y responsabilidad

Cuando la colegiación es legalmente exigible, el odontólogo debe colegiarse y pagar sus cuotas. Los colegios sostienen a su vez la estructura colegial estatal, entre cuyas funciones está representar y defender la profesión. No hablamos de instituciones sin capacidad de actuación. El COEC presenta, según la información difundida tras aprobar sus cuentas de 2025, deuda financiera cero, una tesorería superior a 3,8 millones de euros y fondos propios cercanos a 16 millones. Esa solvencia es positiva, pero ¿para qué queremos instituciones económicamente fuertes si no es, entre otras cosas, para actuar cuando la profesión realmente las necesita?

Esa capacidad incluye, entre otras actuaciones, estudiar la vía jurídica. El Consejo General ha acudido a los tribunales en otros asuntos, cuando ha considerado afectados intereses profesionales. Por ello cabe preguntar si existe un dictamen específico sobre el Estatuto Marco, si se ha analizado y si hay una estrategia jurídica en caso de que se apruebe sin corregir la clasificación de los odontólogos. No toda decisión política es recurrible ni litigar garantiza ganar; pero estudiar seriamente las posibilidades jurídicas es distinto de judicializar irresponsablemente cualquier discrepancia. Si ese trabajo existe, los colegiados deberíamos conocerlo; si no, podemos preguntarnos por qué. Entre un comunicado y una huelga existe un amplio espacio: enmiendas, interlocución parlamentaria, presión institucional, coordinación sindical, movilización y, cuando proceda, defensa jurídica.

Seis especialidades y una ausencia

En enero de 2026 se solicitaron seis especialidades odontológicas: Periodoncia, Cirugía Bucal, Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Prótesis Estomatológica y Endodoncia. Las solicitudes, promovidas por las sociedades científicas con participación del Consejo General y la Conferencia de Decanos, son legítimas y necesarias. Pero falta una: Odontología Familiar y Comunitaria, precisamente la disciplina vinculada al ámbito donde nuestra profesión está integrada estructuralmente en el SNS: la Atención Primaria.

Medicina dispone de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería de Enfermería Familiar y Comunitaria. El odontólogo que trabaja en ese mismo nivel asistencial no tiene una especialidad equivalente. Y no es una reivindicación nueva. Ya en 2019 el presidente del Consejo General reclamaba públicamente la creación de la Odontología Familiar y Comunitaria para favorecer la integración de la profesión en Atención Primaria. Han transcurrido siete años.

Ciertamente, alguien podría alegar que no hay una sociedad científica específica que la represente y que haya promovido su expediente. Pero esa explicación abre otra pregunta: ¿por qué no existe? Si hace siete años ya se consideraba necesaria, ¿qué se ha hecho para favorecer una organización de los odontólogos de Atención Primaria? No corresponde necesariamente al Consejo ni a los colegios crear una sociedad científica independiente, pero es legítimo preguntar si podían haber facilitado las condiciones para que surgiera.

Como vemos, hoy las especialidades ya no son solo una cuestión académica. Pueden afectar directamente a la clasificación y a la carrera profesional, es decir, a las retribuciones. Corremos el riesgo de reconocer especialidades con gran desarrollo privado mientras seguimos sin una específica para quienes sostienen la asistencia odontológica pública. Y no se trata de enfrentar especialidades. Se trata de decidir qué modelo construimos y qué lugar ocupa en él la odontología pública. La pregunta al Consejo es sencilla: ¿qué está haciendo hoy para que la Odontología Familiar y Comunitaria pueda estar mañana entre las especialidades reconocidas?

De los posicionamientos a los resultados

defender una profesión exige posicionarse y también exige rendir cuentas ante tu propio colectivo.

Vivanta, la plétora de profesionales y la apertura de nuevas facultades, el Estatuto Marco, el coste de la formación, la huelga, las especialidades, la situación del odontólogo público y la actuación de nuestras instituciones parecen problemas distintos. En realidad, conducen a una misma cuestión: qué capacidad tiene la profesión para influir en las decisiones que determinarán su futuro antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

Ante Vivanta, el Consejo General ha reclamado mecanismos efectivos de garantía para los pacientes. Quizá esa expresión sirva también para la profesión. Los comunicados son necesarios, los posicionamientos también y la interlocución institucional es imprescindible. Pero una institución representativa no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones, también debe evaluarse por sus resultados.

El Estatuto Marco todavía puede modificarse. Las especialidades pueden aprobarse y desarrollarse. Odontología Familiar y Comunitaria puede impulsarse. Las alianzas pueden establecerse y las vías jurídicas pueden estudiarse. Estamos a tiempo. Pero después de tantos años quizá haya llegado el momento de cambiar la pregunta. No basta con saber qué opinan nuestras instituciones. Necesitamos saber qué estrategia tienen, qué objetivos concretos persiguen, qué recursos están dispuestas a emplear para lograrlos y cómo van a medir si los han conseguido.

Porque defender una profesión exige posicionarse. Pero, tarde o temprano, también exige rendir cuentas ante tu propio colectivo.