Médico-Odontólogo
El debate en torno a la posible reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión tan recurrente como delicada: la redefinición de competencias en el ámbito sanitario. Sin embargo, en esta ocasión, la preocupación no radica únicamente en el contenido de los cambios, sino en la dirección que parecen apuntar: una progresiva flexibilización de las funciones clínicas que, en el caso de la odontología, podría afectar directamente a competencias esenciales como el diagnóstico, la planificación terapéutica o la prescripción.
La LOPS (Ley 44/2003) nació con un objetivo claro: garantizar que cada acto sanitario fuera realizado por el profesional con la formación adecuada, en beneficio de la seguridad del paciente (Ley 44/2003, BOE nº 280). Este principio, lejos de ser una formalidad jurídica, constituye uno de los pilares sobre los que se ha construido la calidad del sistema sanitario español. Alterarlo exige algo más que voluntad reformista; exige evidencia, consenso y una evaluación rigurosa de las consecuencias.
En este contexto, resulta llamativo que algunas de las propuestas que se han deslizado apunten a ampliar competencias hacia categorías profesionales con menor nivel de formación académica. No se trata aquí de cuestionar el valor de otros profesionales sanitarios —cuya labor es imprescindible—, sino de subrayar una realidad incuestionable: no todas las competencias son transferibles sin más, especialmente cuando implican juicio clínico complejo.
Diversos organismos internacionales han insistido en la importancia de mantener una clara delimitación de funciones en los equipos sanitarios. La World Health Organization ha señalado que la redistribución de tareas (“task shifting”) puede ser útil en determinados contextos, pero siempre bajo condiciones estrictas de formación, regulación y supervisión (WHO, 2008). Aplicar este enfoque de manera global en sistemas sanitarios consolidados no parece, precisamente, una decisión prudente.
Aplicar este enfoque de manera global en sistemas sanitarios consolidados no parece, precisamente, una decisión prudente.
La literatura científica respalda esta preocupación. Publicaciones como el Journal of Dental Education o el British Dental Journal han demostrado que la calidad del diagnóstico y la toma de decisiones clínicas están directamente vinculadas al nivel de formación del profesional. Relajar este criterio no es una medida neutra: tiene consecuencias clínicas reales.
A ello se suma la dimensión jurídica. Informes del Consejo General del Poder Judicial advierten de que la ambigüedad en las competencias puede traducirse en inseguridad jurídica y en un aumento de la litigiosidad. Cuando las funciones se difuminan, también lo hacen las responsabilidades.
En odontología, la especificidad es clave, pues por ahora el odontólogo es el único profesional con capacitación legal y formativa para realizar diagnósticos bucodentales completos y establecer planes de tratamiento integrales. Sin embargo, la respuesta institucional ante este tipo de debates no siempre ha estado a la altura del desafío. Existe una sensación entre los profesionales de base de que las instituciones llegan tarde, reaccionan con una cautela excesiva y, en ocasiones, parecen más adaptarse al contexto que liderarlo.
Pero, además, hay un elemento adicional que no puede ignorarse en el caso de los odontólogos y estomatólogos que ejercen en la Sanidad Pública: la conexión directa entre la reforma de la LOPS y la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario.
La reordenación de competencias que afecta a toda la profesión no parece un fin en sí mismo, sino un instrumento necesario para rediseñar categorías profesionales dentro de la sanidad pública. Y es precisamente ahí donde la odontología podría verse especialmente afectada, en un sistema donde ya ha tenido históricamente una presencia limitada y con cambios que pueden ser de calado para todos.
En este contexto, la preocupación no es menor: existe el riesgo de que, bajo el argumento de la eficiencia organizativa, se produzca una equiparación funcional que no respete las diferencias reales de formación y responsabilidad clínica. No se trata de establecer comparaciones simplistas entre profesiones, pero tampoco de ignorar que no todas parten del mismo nivel de capacitación para asumir determinadas funciones clínicas.
La colaboración interdisciplinar es necesaria y deseable. Pero colaboración no es sustitución. La calidad asistencial depende, en gran medida, de que cada profesional actúe dentro de su ámbito competencial, con claridad y responsabilidad.
Llegados a este punto, la profesión debería hacer también un ejercicio de memoria. La adaptación al Proceso de Bolonia redefinió el encaje académico de la odontología en Europa, alejándola definitivamente de su consideración histórica como especialidad médica. Aquella transformación marcó un antes y un después. Hoy, el riesgo es avanzar un paso más en esa pérdida progresiva de posicionamiento.
Por todo ello, este no es un momento para la pasividad. Es un momento para que la profesión despierte, para que las bases se hagan oír y para que las instituciones asuman un liderazgo claro y sin ambigüedades. Porque cuando las competencias se diluyen, no solo pierde una profesión: pierde el sistema sanitario en su conjunto.
La odontología no necesita privilegios. Pero tampoco puede aceptar retrocesos, se ha empezado con una consulta pública a la ciudadanía, abierta ante un anteproyecto. Ha sido una oportunidad para empezar a despertar.
Porque lo que hoy se presenta como una reorganización técnica, mañana puede consolidarse como una pérdida irreversible de competencias. Y entonces ya no será el momento de reaccionar, sino de lamentar no haberlo hecho a tiempo.
lo que hoy se presenta como una reorganización técnica, mañana puede consolidarse como una pérdida irreversible de competencias
