Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía
El sistema sanitario público español está saturado y muestra signos de desgaste profesional. Lo dice el Informe SESPAS 2024 publicado en Gaceta Sanitaria. Las fórmulas puestas en marcha no parece que estén dando resultados positivos: las listas de espera siguen en niveles muy altos; los profesionales acusan cansancio y desmotivación. Las propuestas de reforma lanzadas desde diversos ámbitos profesionales no parecen tener eco: no se abordan cambios en la gestión, evaluación, rendición de cuentas, contratación de personal. El propio Informe y muchos profesionales de la gestión pública, achacan rigidez al sistema.
Nuestro sistema sanitario, sin embargo, no se reduce a SNS público. Lo constituye la conjunción de los sectores público y privado y ambos sirven a un mismo fin: la protección de la salud y la asistencia sanitaria de todas las personas. Porque el estado del bienestar, del que el estado es garante, es un concepto público, pero sobre todo es un bien de todos y para todos y se deberán utilizar cuantos instrumentos se tengan al alcance para garantizarlo. Es necesario desterrar esa desconfianza en que cualquier medida que modifique el estatus quo -por ejemplo, cambio de modelo de gestión- sea tachada de privatizadora. Como decía Manel del Castillo (presidente del comité CAIROS para la reforma del sistema sanitario catalán) en una reciente conferencia, el problema de la sanidad pública no es de recursos si no de gestión. Y, en su opinión, está en grave peligro si no afronta los cambios necesarios.
La gratuidad y la universalidad son las mayores fortalezas del sistema público, mientas que la agilidad, comodidad y rapidez son algunas de las fortalezas del privado.
La gratuidad y la universalidad son las mayores fortalezas del sistema público, mientas que la agilidad, comodidad y rapidez son algunas de las fortalezas del privado. Ambos deberían ser sinérgicos porque combinarlos optimiza la atención, los recursos y los tiempos. Porque hay mucho dinero (público) en juego. El gasto sanitario público en España alcanzó en 2024 los 106 mil millones -cifra duplicada desde 2005- y representa el 74% del gasto total sanitario; el otro 26% es gasto privado. Es la mayor partida presupuestaria del estado, muy por encima de Educación, y constituye el 15% del gasto público total. Es el que más aumenta año a año y se prevé que lo siga haciendo en el próximo futuro debido al envejecimiento de la población y a las nuevas tecnologías.
En cuanto a recursos, aunque las diversas fuentes no se ponen de acuerdo (Ministerio de Sanidad e Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), existen cerca de 13.000 centros de salud y consultorios públicos; del total de 753 centros hospitalarios, el 40-56% son privados acumulando el 31% de las camas hospitalarias. Los profesionales en activo son algo más de 450.000 de los cuales el 88% trabaja en el sector público, aunque algunos profesionales simultanean con el privado que suma más de 60.000 efectivos. Por lo que hace a nuestro sector, donde la sanidad pública tiene poca presencia como ya sabemos, hay más de 42.000 odontólogos registrados y un número alto pero indeterminado de higienistas; con unas 22.000 clínicas registradas, de las cuales el 94% son clínicas independientes y un 6% pertenecientes a corporaciones; menos del 1% son públicas. El gasto total en atención dental se cifra en 3.600 millones de euros (8.000 si se incluye prótesis e implantes) de los cuales solo 74 millones corresponden a gasto público -el 2% cuando en Europa la media es del 31%-; el 98% es gasto privado.
“El sistema sanitario español muestra así su universal cobertura -su principal fortaleza- pero deja la atención dental a expensas del gasto privado”
Dicho lo anterior, a la atención dental pública le queda mucho recorrido en España; la Administración trata las enfermedades dentales de manera muy discriminatoria respecto del resto de afecciones y dolencias. Según datos de la OCDE, las necesidades médicas no cubiertas en España son del 1% -la más baja de la UE, de media 4%- mientras que las necesidades dentales no cubiertas (sistema público y privado comprendidos) son del 12% (media UE 7%). El sistema sanitario español muestra así su universal cobertura -su principal fortaleza- pero deja la atención dental a expensas del gasto privado. Acometer una mayor cobertura de las enfermedades dentales, supondrá un enorme esfuerzo inversor si se quiere hacer a través de recursos públicos propios, dotacionales, tecnológicos y humanos. La red privada, lo hemos visto más arriba, es grande y ha hecho su propio esfuerzo inversor; y sobre todo tiene una ventaja muy competitiva: su reparto geográfico. Estas fueron las razones de fondo por las que, en los años 90 del siglo pasado, el PADI vasco y navarro optaron por la concertación. Este sistema obligaba a la negociación, pero ofrecía una flexibilidad, acceso y rapidez que el sistema público no podía -ni puede- ofrecer. Y el sector público no se obligaba a una fuerte inversión. En la gran mayoría de los países europeos la atención dental se presta a través de dentistas independientes (privados), ya sea atención financiada con fondos públicos o privados. Es el sistema elegido por la mayoría de los países: cuatro de cada cinco odontólogos operan en centros de su propiedad. La cultura de la concertación para ofrecer atención dental está muy extendida en Europa. Este camino debería ser objeto de estudio para España.
“… la atención dental con recursos públicos sale más cara para el contribuyente que con recursos concertados”
Han pasado más de 30 años y aquellas Comunidades que tienen PADI siguen sin presentar una evaluación y rendición de cuentas de estos. A falta de esa rigurosa evaluación -que debería hacerla quien financia esta atención dental- puedo adelantar con todos los matices que la concertación le sale a cuenta al sector público. Los servicios regionales de salud publican sus tarifas de costes pormenorizados por consulta y tratamiento, lo que constituye una buena herramienta de trabajo (aunque es desalentador comprobar que la única área no representada es la odontología, al menos en mi tierra). Si hacemos caso a esas tarifas, y aplicamos el coste médico equivalente -similar al dental- al número de actos dentales producidos en un año que los propios servicios regionales publican, las tarifas de la capitación deberían ser un 80% más elevadas. Dicho de otro modo, la atención dental con recursos públicos sale más cara para el contribuyente que con recursos concertados. ¿Paradoja?, no; la sanidad es cara y el mito de que la privada lo, es más, viene del desconocimiento de los costes de la pública.
“… la prioridad debe ser encontrar la mejor solución posible basada en criterios técnicos/profesionales y no en criterios políticos, …”
Independientemente del modelo de atención/gestión que se aplique, lo que es necesario proteger es la sanidad, pilar del estado del bienestar que si no lo atendemos adecuadamente lo podemos perder. Y solo lo podremos proteger si lo entendemos y reformamos allí donde muestre sus carencias, que los expertos proclaman que son muchas en el aspecto organizativo y de gestión. En esta convivencia de ambos sectores, la prioridad debe ser encontrar la mejor solución posible basada en criterios técnicos/profesionales y no en criterios políticos, de perfil ideológico que, además, muchas veces chocan con lo que piensa una mayoría de la gente.
