¿Dónde se arreglan la boca nuestros ancianos?

 

 

DR. MANUEL RIBERA URIBE
PROFESOR DE GERONTOLOGÍA Y PACIENTES ESPECIALES
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA

Nuestro sistema sanitario está en el top ten mundial. La asistencia universal pública es ya un hecho en nuestro país. La calidad de la odontología española está fuera de toda duda. Hay clínicas dentales que han puesto al alcance de la población el control de la salud oral y los tratamientos  otrora prohibitivos. No todas ni mucho menos faltando a la ética profesional. No hay pueblo ni barrio que no cuente con la presencia de uno o varios dentistas ejerciendo en instituciones públicas o en gabinetes o centros privados.

Este panorama tiene sus aspectos positivos y negativos pero no se puede negar que la odontología está en condiciones de llegar, al menos por oferta y accesibilidad, a todos los ciudadanos. Los condicionantes culturales, las diferentes sensibilidades y prioridades del público en relación a su propio cuidado bucal y el concepto extendido de que la salud es un derecho y por tanto no habría que pagarlo en efectivo, son desde luego limitaciones para el acceso a la asistencia dental. El envejecimiento de la población  también  lo es. Del mismo modo la discapacidad psíquica. El final de nuestros días y el deterioro físico y mental exige un plus de recursos asistenciales, sociales y económicos a la par que un esfuerzo legislador para proteger a una población frágil y pluripatológica. La proliferación de Residencias de ancianos y centros para discapacitados ha obligado a las autoridades sanitarias a exigir la existencia de recursos asistenciales que aumenten la salud y la calidad de vida. Todas las Residencias e instituciones sanitarias que acogen la discapacitación o minusvalía psíquica tienen obligatoriamente médico, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos…. pero en general carecen de dentista y cuando lo tienen es en modo limitado y voluntariamente. En estos momentos en que nuestra oferta dental es desgraciadamente más amplia que la demanda, cuando la realidad demográfica es la que es y la sensibilidad social hacia el  cuidado de nuestros ancianos y pacientes con limitaciones es un hecho, parece una paradoja que las normas reguladoras en las instituciones que alojan a estos pacientes no obliguen a disponer de odontólogos. Lo es también la desidia en reformar una legislación que, con las garantías y limitaciones necesarias, permita convertir las instituciones sociales en asistenciales, disponiendo de gabinetes dentales preparados para la atención y muy especialmente para la prevención. Probablemente no se llevarán a cabo todo el amplio abanico de tratamiento dentales que realizamos en una clínica al uso pero sí los necesarios para mejorar la calidad de vida de los residentes, disminuir la morbilidad asociada a las enfermedades sistémicas que guardan relación con la odontología y minimizar los graves conflictos de accesibilidad y desplazamiento que tiene este perfil de pacientes. Es ciertamente un problema de salud pública

Si existe la oferta, la sensibilidad y el conocimiento necesario para atender a este, cada vez más numeroso, sector de la población, nos tendríamos que preguntar a dónde van los pacientes a solucionar sus problemas dentales cuando, por la edad o por la discapacidad, dejan de venir a nuestras consultas convencionales o a los centros de atención primaria. La respuesta es obvia. No van a ningún sitio. Se salen del sistema sanitario top ten, de la asistencia pública universal y ni se benefician de la calidad de nuestra odontología ni la miríada de dentistas que pueblan nuestras calles pueden, con cobertura legal, atenderles más allá del analgésico o antibiótico que palíe el conflicto sin abordar la causa. La inclusión obligatoria de odontólogos en el cuadro facultativo de las Residencias de ancianos e instituciones de acogida de discapacitados es una asignatura pendiente en nuestro sistema sociosanitario y afloraría una enorme cantidad de patología no atendida que demanda desesperadamente alguien que se haga cargo de ella. Especialmente la sanidad pública que pese a todo sigue mirando hacia otro lado, elaborando limitados planes de atención dental infantil con unos índices de caries poblacionales que parecen irrisorios en comparación con la situación dental de ancianos y discapacitados, verdadero problema de futuro en nuestra profesión

No hay peor ciego que el que no quiere ver.


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